Julio Aróstegui. «De lealtades y defecciones. La República y la memoria de la utopía», en Al servicio de la República. Diplomáticos y guerra civil. Ángel Viñas (dir.)

De esta formar, como también parecía inevitable, denominaciones de espectro léxico más amplio y de carga semántica mucho más compleja no tardarían en aparecer. De leales y <<facciosos>> (sediciosos) se pasaría a <<gubernamentales y alzados>>, <<republicanos y nacionales>> (o nacionalistas, término más alambicado y más confuso aún), <<fascistas y antifascistas>> o <<azules y rojos>>, por citar algunos de los más conocidos pares dicotómincos. Podemos añadir a esa dicotomía, incluso, el nuevo campo retórico-ideológico que se introduce con expresiones como la Cruzada, la Guerra de Liberación Nacional, la Guerra nacional-revolucionaria o la nueva Guerra de la Independencia (por mostrar apelativos de la naturaleza del conflicto manejados por uno u otro bando). Por supuesto, la parafernalia de las denominaciones no es inocente.

Se encuentra primordialmente, a nuestro juicio, en el hecho capital de que la sublevación militar envolvía el fenómeno de la defección de la legalidad republicana de una importante masa de servidores del Estado. Ello ocurrió en el ejército con una centralidad que no es preciso destacar, en la carrera diplomática de forma aplastantemente mayoritaria y, en cierto modo y con algunas características particulares, en la magistratura. Un caso especial de comportamiento en sentido contrario fue el de los cuerpos docentes. Todo ello contribuyó en gran manera a agravar el problema de la defensa republicana.

En principio, la apelación tenía sentido por cuanto estaba dirigida a los militares rebeldes desde el 17 de julio. Pero con el tiempo la apelación a las lealtades abarcó más que nada a <<cuerpos>>, a colectivos institucionales, a grupos de servidores del Estado sujetos si no a leyes propias, sí a normas reglamentarias corporativas. (…) La lealtad pasó de ser una cualificación aplicable a personas, ciudadanos de mayor o menor relevancia, a ser un problema de guerra que afectaba a partes esenciales del servicio del Estado o instituciones de transcendencia social y política e influencia indudables.

Michael Seidman escribía hace unos años que <<las numerosas expresiones de lo colectivo han hipnotizado a las generaciones de historiadores más recientes, incluyendo a quienes han estudiado la guerra española. La investigación se ha centrado en colectivos políticos, religiosos y sindicales, o se ha enfocado en grupos sociales, como clases o géneros>>. Este autor, en una obra de calidad innegable, viene a reivindicar la importancia de detenerse histórica y antropológicamente en la realidad de los comportamientos individuales para explicar la verdadera entidad de las reacciones ante la guerra, con su carga de lucha por la supervivencia, de olvido o rechazo del <<héroe>>, de la vivencia, en definitiva, de tantas gentes anónimas <<a ras del suelo>>. Una cosa que, según dice, el estudio en términos de grupos sociales como sujetos de acciones colectivas no acertaría a explicar satisfactoriamente.

No parece que pueda negarse la pertinencia de este enfoque que reivindica las personalidades de los sujetos individuales, pero sí nos parece que ello no anula, ni sustituye, el análisis de lo que fueron los comportamientos colectivos, guiados por intereses, indudablemente, y no sólo, ni siquiera fundamentalmente, por ideologías o idealismos. 

Es preciso tratar la historia, aunque sea muy someramente expuesta, de tales colectivos en su andadura republicana para explicar su posición ante el conflicto e, incluso, es preciso recurrir a tendencias y peculiaridades de la Administración estatal española anteriores en mucho a la existencia de la República. Los gobernantes republicanos fueron conscientes, por lo general, como muestra, sin más, el proceso legislativo, de las dificultades, la rigidez de las tradiciones y el inmovilismo general que afectaba a los <<empleados públicos>> tras cincuenta años de re´gimen oligárquico finalizado en una Dictadura como la de Primo de Rivera. Y no puede negarse ni minimizarse el hecho de que tal panorama pretendió ser rectificado por el nuevo régimen. Otra cosa fue el resultado de tal propósito, es decir, las carencias de la política republicana en su intento de rectificar viejas tendencias. (…) la República española, en definitiva, no consiguió una transformación significativa en el espíritu heredado de esos colectivos de servidores. 

Si los colectivos son o no aprehensibles es cuestión problemática, pero puede defenderse que la actitud de un colectivo en modo alguno es la suma de las actitudes de sus miembros y que, además, hablamos aquí de colectivos corporativizados. (…) por qué Fuerzas Armadas, Judicatura y Cuerpo Diplomático, fundamentalmente, efectuaron mayoritariamente la defección de sus puestos, o se inhibieron en absoluto ante el conflicto, mientras Magisterio y la intelectualidad universitaria se manifestaron muy mayoritariamente fieles al régimen legítimo dando lugar a un feroz depuración por las autoridades de la sublevación.

En efecto, los altos cuerpos funcionariales que la República heredó de la Monarquía y la Dictadura tenían unas connotaciones sociológicas arraigadas de antiguo y unas extracciones sociales o reclutamiento de sus integrantes que se habían mantenido estables y ligadas a determinadas capas de población a lo largo de decenios, llegando a su consolidación más acabada con el régimen de la Restauración. La oficialidad del Ejército, por ejemplo, había estado hasta el siglo XVIII compuesta como es bien sabido exclusivamente por la nobleza. En el siglo XIX comienza la incorporación de la clase media e, incluso , de la media baja al aparecer la figura de los suboficiales. Sin embargo, el volumen del autorreclutamiento y la endogamia entre las familias militares fueron siempre muy altos hasta el punto de poder hablarse de la aparición de un <<estamento militar>>. Durante la Monarquía, la Diplomacia había sido oficio desempeñado fundamentalmente por personas de la nobleza y sólo en pequeña parte <<la Carrera>> se había abierto a miembros de la alta burguesía. La Magistratura tenía la particularidad, a su vez, de que representaba una carrera que sólo podía ser seguida por universitarios y esa condición hasta las fechas que tratamos sólo la poseían los vástagos de familias acomodadas.

<<¿No se ha mostrado clara, desde julio acá, la actuación fascista de la mayor parte de los funcionarios republicanos, situados allende y aquende de mares y fronteras?>>.

Esto escribía, en 1937, el abogado federalista y gran simpatizante anarquista Eduardo Barriobero, sostenedor de aquel Tribunal Revolucionario de Barcelona en 1936 (…) Pero no es menos cierto que el miedo atenazó también a muchos funcionarios en los primeros momentos de la sublevación y del desborde revolucionario. El miedo no creó adhesiones: facilitó el inmovilismo y la inoperancia en el mejor de los casos. (…) Cuando un cuerpo funcionarial asume mayoritariamente una posición ante un conflicto político decisivo es tan importante establecer las causas de esa opción como su rechazo por una parte minoritaria de tal colectivo. Y si partimos de ilegitimidad de esas decisiones mayoritarias es preciso valorar debidamente la justicia de sus contrarias. Y es aquí donde en la España de la posguerra y en la situación político generada tras el fin de la Dictadura se ha producido una auténtica laguna, un déficit en los movimientos memoriales.

 

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