Los grandes procesos de la Guerra Civil española. Fernando Díaz-Plaja

Las bases jurídicas en los dos bandos

Los tribunales de la España <<nacional>> actuaron hasta el final de la guerra contra sus enemigos directos en el frente o en la retaguardia. Pero a últimos de febrero de 1939, el Gobierno de Burgos anuncia su intención de perseguir también a los que considera causantes morales de la contienda, es decir, a quienes <<por acción o omisión grave hayan favorecido a las fuerzas que se opusieron al Movimiento Nacional. Es la Ley de Responsabilidad Política.

En el preámbulo se dice: Ante la próxima y total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de la Patria, considera llega el momento de dictar la Ley de Responsabilidad Política contra aquellos que por acción u omisión grave hayan fomentado la subversión roja o la hayan mantenido viva durante más más de dos años o hayan entorpecido el triunfo providencial e histórico del actual Movimiento Nacional.

Los castigos y reparaciones alcanzarán dimensiones propias dentro del hondo sentir y por ello establece la Ley algunas atenuantes, armonizando los intereses sagrados de la Patria sin quebrar la vida económica de los particulares.

Las sanciones económicas se regulan con moderación, de la que son ejemplo los preceptos encaminados a no coartar la actividad a quienes la basan en negocios moderados, y establece en aquellos casos en que se debe prever peligros de posible actuación futura de los inculpados, que podrán ir acompañadas de otras de distinto carácter, como por ejemplo, inhabilitación para ejercer determinados cargos y alejamiento de los lugares de residencia anterior, llegándose en ciertos casos de gravedad significada a la pérdida de nacionalidad de los que no merecen seguir siendo españoles.

Tras anunciar los tribunales encargados de esa misión serán constituidos por representantes del Ejército, la Magistratura (en este orden) y de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el decreto establece los partidos políticos que, por su actuación desde el 1º de octubre de 1934 (para incluir a los responsables de las revoluciones asturiana y catalana de ese mes y año) y antes del 18 de julio de 1936, se opusieron al Movimiento Nacional. La lista dada a continuación abarca desde el republicanismo y el autonomismo moderados a los anarquistas y separatistas.

…Quedan incursas en responsabilidad política y sujetas a sanción las personas comprendidas en los siguientes casos:

Haber sido o ser condenadas por la jurisdicción militar por delitos de rebelión, adhesión, auxilio, inducción y excitación a la misma o por traición en virtud de causa criminal seguida con motivo de Movimiento Nacional.

Haber desempeñado cargo directivo en partido o agrupación o haber ostentado representación en Corporaciones públicas o privadas.

Haber figurado inscrito antes del 18 de julio y seguir perteneciendo, con excepción de los simples afiliados, a las organizaciones sindicales.

Haber desempeñado cargos o misiones de carácter político o administrativo de la confianza del Gobierno del Frente Popular cuando el nombramiento se deba a conocimientos especiales y fuera su afiliación política contraria al Frente Popular.

También se hallan comprendidos los que hubieren desempeñado cargos con el Frente Popular en la Administración Central.

Haberse significado públicamente en favor del Frente Popular o de los partidos citados o haber contribuido con su ayuda económica a los mismos de manera voluntaria y libre, aunque no desempeñaran cargos ni estuviesen afiliados.

Haber provocado las elecciones de diputados de 1936, formando parte del Gobierno o desempeñando cargos en el mismo, o haber sido candidato, apoderado o interventor del Frente Popular o compromisarios de tales partidos en la elección de presidente de la República de 1936.

Los diputados que en 1936, traicionando a sus electores, hayan contribuido por acción o abstención a la implantación del Frente Popular, como asimismo los pertenecientes a la masonería, (…)

Haber contribuido desde el 18 de julio, salvo los casos de justificación muy calificada, en Tribunales u organismos encargados de juzgar a las personas por el solo hecho de ser adictas al Movimiento…

Haber excitado o inducido a realizar hechos punibles, personalmente.

Haber opuesto al Movimiento.

Haber permanecido en el extranjero desde el 18 de julio sin reintegrarse a la Patria en el plazo máximo de dos meses, salvo aquellos que tuvieran residencia en el extranjero o desempeñaran una misión encomendada por las autoridades naciones; los imposibilitados físicos para hacerlo o aquellos en los que se hubiera una causa extraordinaria que lo justifique.

Haber salido de la zona roja sin entrar en España en el plazo máximo de dos meses, salvo en los casos especificados anteriormente.

Haber cambiado de nacionalidad o haberla autorizado a los sometidos a su potestad de no haberlo hecho para evitar persecuciones, pidiendo seguidamente la nacionalidad española.

Haber aceptado misiones en el extranjero, excepto para conseguir la evasión.

Haber adoptado el cargo de presidente, consejero o gerente de Sociedades o Compañías, de manera voluntaria y libre, acuerdos de ayuda económica al Frente Popular o a los partidos,…

Están exceptuados los menores de catorce años y los que hayan prestado servicios al Movimiento Nacional. Los que hayan obtenido en su defensa la Laureada o Medalla Militar individuales. Los heridos graves incorporados voluntariamente al Ejército desde los primeros momentos o seis meses antes de la llamada de su reemplazo. Los que tengan el título de Caballeros Mutilados absolutos.

Los que hayan hecho arrepentimiento público antes del 18 de julio de 1936 seguido de adhesión y colaboración al Movimiento, aparecerán beneficiados en eximentes o atenuantes a juicio de los Tribunales.

(Heraldo de Aragón, 28 de febrero de 1939)

La jurisprudencia en las dos Españas se equipara cuando el 23 de enero de 1939 el Gobierno de la República declara el estado de guerra en la zona central (hasta entonces seguía el estado de alarma), designación a todas luces absurda pero que obedecía al deseo del Gobierno de mantener la ficción de una República parlamentaria mandada por civiles.

Don José Miaja Menant, general del Ejército republicano, jefe del Grupo de Ejércitos de la región Centro Sur, hago saber:

De conformidad con lo dispuesto en el decreto de esta fecha queda decretado el estado de guerra en todo el territorio dependiente de esta zona central, o sea las provincias de Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Jaén, Granada, Córdoba, Badajoz, Ciudad Real, Toledo, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Castellón y Albacete, y, en consecuencia, con arreglo a lo prevenido en el párrafo tercero del artículo 95 de la Constitución de la República Española y en los artículos 53 al 58 y 61 de la Ley de Orden Público, ordeno y mando: (…)

A todos los efectos de términos legales se hace la publicación del presente Bando en Valencia, a las doce horas del día 23 de enero de 1939. (El Socialista, Madrid, martes 24 de enero de 1939).

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